Una mirada alrededor

A la veterinaria que se ocupa de la salud de los gatos del Barrio la conocen como la gitaneta, apelativo que, aun utilizado sin connotaciones peyorativas, enoja a la señorita Valvanera, la antigua maestra de la localidad, de la que la ahora veterinaria -integrante, por aquellos años, de una familia de gitanos temporeros de nacionalidad francesa que acampaban en la explanada próxima al barranco- fue alumna predilecta.

La señorita Valvanera todavía se debate entre la emoción y el enfado cuando recuerda el regreso al Barrio de su pupila, ya adulta, y la presentación que hizo de sí misma en la primera asamblea vecinal a la que asistió:
-Bueno…En realidad algunos de ustedes ya me conocen. Aunque…tal vez no me recuerden. Pasé muchas y muy buenas temporadas aquí. Soy…la mayor de los “ongaros”.

“La mayor de los ongaros”. Tal como se referían a ella cuando era niña. Con las mismas palabras. Remarcando aquel ongaros (=húngaros; gitanos, despectivo en aragonés) mientras -según relataba después la señorita Valvanera- miraba, retadora, a su alrededor.

Acaso los pensamientos de la vieja maestra se hayan remontado a ese pasado compartido mientras su antigua alumna abría, esta misma tarde, el debate que, sobre minorías étnicas, ha organizado el Ayuntamiento de la localidad con motivo del Día Mundial del Pueblo Gitano.

La Generalitat de Catalunya, con puntilloso -y poco disimulado- empeño, mantiene un antiaragonesismo residual que la lleva no sólo a apropiarse de la historia común borrrando toda circunstancia que le niegue protagonismo, sino a erigirse en tutora prepotente del territorio del que formó parte y al que debe esa grandeza del pretérito a la que continuamente se remite.

Así, en el litigio por los bienes de las parroquias del Aragón Oriental -que, codiciosa e indebidamente, mantienen en Lérida las autoridades eclesiásticas y locales-, la Consellera Caterina Mieras se permite la desfachatez de condicionar la entrega de las 112 obras al cumplimiento, por parte de Aragón, de nueve puntos, entre ellos, que el Museo de Barbastro "goce de las condiciones técnicas necesarias y adecuadas para un correcto depósito y exposición de las piezas", que viene a ser como si Eric el Belga (René Alphonse van den Berghe, famoso ladrón de arte, hoy rehabilitado) hubiera establecido unas normas de obligado cumplimiento a los legítimos propietarios del producto de sus robos para reintegrarles el botín.
No contenta con ello, la señora Mieras pretende que, una vez devueltas las obras, no sea Aragón quien las gestione de manera unitaria sino conjuntamente con Cataluña, creando un curioso precedente: Quien se apropiare indebidamente de lo ajeno mantendrá sus prerrogativas de decisión sobre los efectos que no le pertenecen una vez ubicados estos en sus lugares de origen.

Tan arbitrarias decisiones vienen a unirse a los artículos del Estatut que se arrogan el derecho a decidir, en exclusiva, sobre las aguas del Ebro o aquellos que excluyen a Baleares, Aragón y Valencia de cualquier competencia sobre el Archivo de la Corona de Aragón, que será gestionado por la Generalitat y el Estado español en una de las más indignas medidas de ninguneo y sabotaje de los derechos históricos -derechos que sólo se le reconocen a Cataluña y no al resto de territorios de la Corona- perpetradas en los últimos tiempos.

Al pueblo saharaui, abandonado por España a los designios del gobierno alaouita tras aquella mascarada de tebeo denominada «Marcha Verde», decía llevarlo en el corazón el actual gobierno del PSOE cuando, alejados de los bancos azules del Parlamento, sus dirigentes recibían a Mohamed Abdelaziz con honores protocolarios reservados a los dignatarios de países extranjeros.

Instalados en la Moncloa, aquellos viejos amigos del pueblo saharaui, han demostrado, merced a los esfuerzos de la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación por obtener el máximo de licencias pesqueras para esquilmar los caladeros saharianos, que no era exactamente en el corazón, sino en la cartera donde aquellos opositores -hoy gobernantes- ubicaban las esperanzas de una ciudadanía en permanente lucha por recuperar su territorio. Y no precisamente para vindicar los derechos usurpados por Marruecos sino para enterrar definitivamente bajo una duna cualquier atisbo de solidaridad.

En el Sahara Occidental, opima fuente de recursos naturales en su subsuelo y sus atlánticas aguas jurisdiccionales -burla, burlando, aguas saharahuis de cuyo usufructo se beneficia Marruecos- la mar salada ha lamido la resolución 46/64, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 11 de diciembre de 1991 que establece “el derecho de los pueblos coloniales y no autónomos a la libre determinación y a la independencia y al disfrute de los recursos naturales de sus territorios, así como a disponer de esos recursos como más les convenga", advirtiendo que "la potencia administradora u ocupante que prive a los pueblos coloniales del ejercicio de sus legítimos derechos sobre sus recursos naturales o que subordine los derechos e intereses de esos pueblos a los intereses económicos y financieros extranjeros transgrede las solemnes obligaciones que ha contraído en virtud de la Carta de las Naciones Unidas".

Pescado envenenado, Sra. Ministra.