Una mirada alrededor

El 17 de agosto de 1963 se daba cumplimiento a la sentencia que condenaba a ser ajusticiados, por el método del garrote vil, a Francisco Granado y Joaquín Delgado, acusados de la colocación de explosivos en el Ministerio de la Gobernación, con resultado de cuantiosos destrozos y heridos de diversa consideración.

En la sentencia se alegaba que había quedado probada la pertenencia de los acusados a un grupo anarquista y se relataban las idas y venidas de ambos hombres hasta el momento del atentado, de cuya autoría no existía la menor duda, tanto por las pesquisas llevadas a cabo como por la actitud y la militancia de los reos.

Transcurridos diecisiete días desde la detención, el deceso por traumatismo bulbar -como así constaba en el certificado forense- ponía un aparente punto y final a un suceso que tuvo escaso eco en la sociedad española de la época.

Treinta y tres años después del ajusticiamiento de Francisco Granado y Joaquín Delgado, dos hombres entrados en años -ciudadanos franceses de origen español- se autoinculpaban públicamente de la colocación de los explosivos, presentando las mismas pruebas que, en su día, poseyó el Tribunal que juzgó y condenó a Granado y Delgado, pruebas que entonces ya exculpaban a los condenados del delito de atentado y que los jueces togados de la justicia franquista prefirieron obviar al objeto -es de suponer- de que la muerte de los dos anarquistas sirviera de escarmiento a cuantos pretendieran quebrar los vitoreados Años de Paz de los que alardeaba el régimen.

En la década de los años noventa, promulgada una ley que otorgaba una indemnización a las personas represaliadas por el franquismo o, en su defecto, a sus familias, Pilar Vaquerizo, viuda de Francisco Granado, presentó una solicitud para acogerse a dicha ley. La pensión le fue denegada.
La Ley 46/1997 de 15 de octubre especifica, con mucha asepsia, que tienen derecho a la indemnización correspondiente aquellas personas -o sus herederos- que hubieran sufrido privación de libertad en establecimientos penitenciarios durante tres o más años.

De Granado y Delgado, su compañero de infortunio, sólo se pueden acreditar diecisiete días de encarcelamiento. No ha, por tanto, lugar a la percepción de ninguna cantidad.